ARMAS QUÍMICAS 2002 La amenaza de las armas químicas

La amenaza de las armas químicas

Por Enrique Rodolfo Dick 

Para LA NACION,Lunes 30 de diciembre de 2002

Las desgarradoras imágenes de mujeres y niños muertos en el Kurdistán en 1987 y el dramático rescate de víctimas del gas sarín en el subterráneo de Tokio golpearon la conciencia colectiva. Desde entonces, las armas de destrucción masiva dejaron de ser un tema reservado a los técnicos y estrategos de alto nivel para convertirse en una causa de temor y angustia colectiva en vastas regiones del globo.

Desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los gases asfixiantes formaron parte del arsenal de los beligerantes y más de 100.000 muertos fueron el saldo de su empleo en los campos de batalla. China, invadida por Japón, y Abisinia, por Italia, constituyeron los siguientes escenarios del horror, donde la inerte población civil fue la víctima principal de esas armas letales.

Durante la Guerra Fría, las superpotencias acumularon vastos arsenales de armas químicas, consideradas como opción a un holocausto nuclear. En 1997, los Estados Unidos tenían 28.000 toneladas de esos agentes, contra 40.000 de la Unión Soviética, listos para su empleo operacional pero sin que las dos grandes potencias fuesen los poseedores exclusivos de ese siniestro armamento, considerado "la bomba atómica de los pobres" por su capacidad de destrucción y su bajo costo.
La amenaza latente llevó finalmente, en 1993, tras largas negociaciones, a la firma de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ), que tiene como objetivo su eliminación total para 2007.

La Argentina fue uno de los primeros signatarios del tratado, que obtuvo sanción parlamentaria y se convirtió en ley nacional en 1997. Así, la Argentina se constituyó, junto con otras 147 naciones, en Estado parte de la Convención, sobre un total de 174 firmantes.
El órgano ejecutor del tratado es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, entre cuyos 500 miembros hay diplomáticos, especialistas en armas, ingenieros, químicos, analistas y científicos.

El papel desempeñado por nuestro país en el campo del desarme fue reconocido en julio pasado, con la designación del embajador Rogelio Pfirter como director general de esta organización única en su tipo. Otro argentino, el coronel Carlos Hugo Trentádue, ingeniero en la especialidad química de la Escuela Superior Técnica del Ejército, integra ese organismo desde 1997 como especialista en el área de logística y producción. En 1999 fue nombrado jefe de Equipos de Inspección y a partir de 2000 fue promovido a director y jefe del Departamento de Evaluación de Declaraciones, donde tiene a su cargo personal oriundo de veintisiete países, principalmente analistas e ingenieros.
Hasta ahora, once países han reconocido tener o haber tenido capacidad para la producción de armas químicas en 61 plantas en todo el mundo; seis declararon tener almacenada munición de este tipo, y nueve, poseerla desde antes de 1946. También han declarado 43 plantas industriales de destrucción, proyectadas o en operación, y, finalmente, 55 naciones reconocieron tener 5000 centros susceptibles de fabricar o de procesar sustancias que pudieron servir para la elaboración de armas químicas.
La OPAQ verificó la destrucción de plantas productoras de armas químicas en siete países, mientras que las remanentes fueron inspeccionadas y clausuradas, y están sometidas a un régimen de inspecciones hasta que sean eliminadas. Se estima que alrededor del 50 por ciento de la capacidad mundial de producción de este tipo de armamento fue ya destruida.
Las 1500 inspecciones practicadas por la OPAQ en 50 países, incluyendo la Argentina y sus vecinos, en los primeros cuatro años desde su creación son una muestra de eficiencia en el dominio del desarme que pocas organizaciones internacionales pueden emular.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer: resta destruir unos seis millones de municiones y 60.000 toneladas de sustancias químicas producidas con fines bélicos, cuya eliminación de manera compatible con los requerimientos ecológicos es sumamente onerosa. Los Estados Unidos tienen un presupuesto asignado a este programa que supera los 15.000 millones de dólares y el de Rusia oscila en los 7000 millones.
Uno de los países que no firmaron el tratado es Irak. En este caso, las Naciones Unidas han creado un organismo especial, la Comisión de las Naciones Unidas para el Monitoreo, Verificación e Inspección (Unmovic), para ejecutar el mandato dispuesto por la resolución 1284 del Consejo de Seguridad. Cinco oficiales del Ejército representan a nuestro país en los cuadros de inspectores.
Pero el éxito inicial de la Convención no debe dar lugar a hacerse demasiadas ilusiones: el bajo costo de producción y la capacidad letal de las armas químicas son una tentación permanente para cierto tipo de países, que contemplan su empleo como un sucedáneo de los artefactos nucleares.
Por eso la campaña para lograr que las naciones renuentes firmen el tratado, la verificación y destrucción de plantas productoras y la creación de una conciencia internacional contra el empleo de se tipo de armamento constituyen el desafío que deben enfrentar la organización y los Estados que la integran.
El autor es coronel, ingeniero militar en armamentos, director general de Proyectos de las Fuerzas Armadas-Citefa.