Un caso de financiación ilegal amenaza a la derecha chilena
La
justicia investiga al holding Penta por fraude fiscal con el que se
habría reunido dinero para desviar a la campaña de senadores, diputados y
ex ministros
PARA LA NACION
Domingo 18 de enero de 2015
SANTIAGO, Chile.- No es una telenovela, pero un caso de financiación ilegal de partidos políticos estalló en Chile como un cataclismo y tiene a toda la sociedad en suspenso con las sorpresas diarias de cada nuevo y complejo capítulo.
Se
trata del caso Penta o Pentagate, que siempre tiene novedades para
entregar. Cuando no es un allanamiento o las revelaciones judiciales de
los involucrados, son los mails o audios de conversaciones entre
operadores políticos y los ex controladores de uno de los holdings financieros más grandes del país.Con diferentes grados de relevancia en el reparto, los protagonistas de la telenovela son los ex jefes de Penta, compañía con activos cercanos a los 30.000 millones de dólares y más de un millón de clientes, un ministro en ejercicio, un ex subsecretario de Sebastián Piñera, dos ex candidatos presidenciales y algunos de los líderes más importantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido político más votado de Chile y más salpicado con el escándalo. Este último grupo incluye a uno de los nuevos ministros del Tribunal Constitucional, a senadores y a diputados.
La técnica era asociarse ilegalmente con funcionarios del SII que burlaban al sistema modificando declaraciones de renta ya efectuadas. La investigación se llamó Fraude al FUT, con la que llegaron al ex funcionario del SII Iván Álvarez. Al atestiguar, Álvarez mencionó el nombre del martillero Jorge Luis Valdivia como reclutador de contribuyentes dispuestos a entrar al fraude, cifrado en casi cuatro millones de dólares. Valdivia confesó y murió a los pocos días.
En julio del año pasado, la policía allanó la oficina de Hugo Bravo, entonces director de empresas de Penta. Fue despedido y debió reconocer que con el fraude recibió devoluciones extra por 414 millones de dólares. Cuando retornó 1.700.000 dólares, multa incluida, ya era demasiado tarde: en su computadora se había encontrado información que permitió al SII demandar a los entonces controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por uso de boletas de honorarios falsas de sus esposas y familiares para reducir el pago de sus impuestos. Ellos también devolvieron los millones mal habidos.
Hugo Bravo demandó a Penta, delató a sus ex socios y abrió la arista política del caso: presuntos pagos irregulares para el financiamiento de campañas políticas, a través de facturas y boletas de terceros destinadas a la recolección de dinero para candidatos.
Comenzaron a sonar nombres como los de los políticos de la UDI Iván Moreira (senador), Ena von Baer (senadora), Pablo Zalaquett (ex candidato a senador), Laurence Golborne (el ex ministro que condujo el rescate de los 33 mineros de Atacama) y Joaquín Lavín, entre otros líderes del partido derechista, como el senador Jovino Novoa. También el ex candidato presidencial, del actual oficialismo, Andrés Velasco, aunque él recibió un pago de Penta por un almuerzo-asesoría que sí realizó.
La filtración a la prensa de grabaciones entre Bravo y Lavín, en las cuales quedaba de manifiesto que en Penta se sabía de pagos a los políticos, y de correos electrónicos en los que los candidatos solicitaban ayuda económica a los jefes del holding para sus campañas, obligó a Golborne, Moreira y otros involucrados a reconocer los hechos.
Campañas caras
El caso del ministro de Obras Públicas en ejercicio, Alberto Undurraga, es similar al de Velasco. Pese a que en La Moneda circuló la versión de su inminente renuncia hace diez días, él se mantiene firme en que Penta le pagó 6300 dólares a una fundación vinculada a él por un estudio que sí se efectuó.Finalmente, está el caso del ex subsecretario de Minería del ex presidente Piñera, Pablo Wagner, a quien investigan por boletas extendidas a Penta a través de familiares mientras estaba en el cargo. Aquí también se filtraron mails entre él y el ejecutivo de una sociedad minera de la cual Carlos Alberto Délano era dueño del 85%, en 2010. Se investiga si existió o no tráfico de influencias. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones se llevaron documentos contables de Soquimich, otra empresa de la cual se sospecha que aportó a campañas políticas, específicamente a la campaña a senador de Joaquín Lavín, según informó el diario La Tercera.
Todo el caso Penta "es una mala noticia para la democracia, el impacto es para todo el sistema de partidos políticos", dijo el analista político Guillermo Holzmann. "Si hoy vemos empresarios que financian la política de la derecha, ¿de dónde se financia el resto?", pregunta.
Porque una campaña es cara. Entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, las candidatas del último ballottage, gastaron más de 14 millones de dólares.
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