POBREZA 2010 ANTE LA MAYOR POBREZA, A EDUCAR MÁS Y MEJOR

Domingo 19 de septiembre de 2010

Opinión

Ante la mayor pobreza, a educar más y mejor

Agustín Salvia
Para LA NACION

  

 

A pesar del avance en derechos sociales que ha registrado la Argentina en materia educativa, tal como la ley de educación nacional (26.206) de 2006, las desigualdades educativas son un alicate descalificador y discriminante en materia laboral y social para los jóvenes de hogares en situación de pobreza. Frente al 30% de los jóvenes que no termina la secundaria, así como para el 40% que lo hace con déficits educativos importantes, las transferencias condicionadas de ingresos o los programas de capacitación laboral tienen muy poca utilidad.

Antes que exigir inscripción escolar obligatoria a los jóvenes pobres, el Estado debería estar más preocupado en ofrecer garantías de universalidad a través de una efectiva igualdad de oportunidades, para lo cual los más pobres necesariamente deben recibir más y mejores servicios educativos y de promoción social.
Siguiendo la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, correspondiente a fines de 2009, casi un 10% de los adolescentes de entre 13 y 17 años no asiste a la escuela secundaria, a la vez que en los últimos años del trayecto escolar (3º, 4º y 5º) un poco más del 40% se encuentra en situación de rezago educativo. Esta dificultad es todavía más pronunciada para el 25% de los adolescentes de los estratos sociales más pobres ya que, a pesar de que la escuela secundaria es obligatoria, hay un déficit educativo del 26% en los primeros años del secundario y del 66% en los últimos.
Pero estas cifras nada informan sobre las pésimas condiciones de enseñanza y las escasas habilidades desarrolladas por los jóvenes de bajos recursos que asisten a las escuelas públicas para pobres. Un dato resulta ilustrativo: el 48% de los adolescentes que van a estas escuelas no tiene clases de computación. Pero si bien las computadoras son necesarias, no resuelven ningún problema por sí solas.
En realidad debemos primero comenzar a garantizar instalaciones seguras, así como gas, agua, luz eléctrica, material didáctico, medios audiovisuales, libros, recursos psicopedagógicos debidamente capacitados, doble jornada para apoyo extraescolar, recreación deportiva, actividades artísticas, educación para el trabajo y profesores comprometidos con la enseñanza de las nuevas tecnologías, como una herramienta para el trabajo y el desarrollo del pensamiento crítico y la imaginación creadora.
La necesidad de ganarse la vida a través de un trabajo comienza mucho antes que para los jóvenes de clase media. Ahora bien, ¿de qué trabajo hablamos? Obviamente están lejos de ingresar a un empleo de carrera. Lejos también de acceder a las mal vistas pasantías universitarias, y mucho más lejos de acceder a un mínimo capital para emprender un negocio propio.
La mayor parte de ellos desarrolla actividades de subsistencia, changas de todo tipo, legales o extralegales. Suerte tienen si logran que un empleador los tome a través de un empleo en negro, pero con cierta estabilidad. Aunque más no sea para aprender un oficio y soñar con un futuro distinto. Lamentablemente, el orden público tanto educativo como económico, orientado hacia la educación profesional -privilegio de la clase media-, se olvida de estos jóvenes, de sus condiciones de vida, de sus necesidades más urgentes, de los efectos de marginación que genera una enseñanza que presta servicios empobrecidos para los pobres.
Ante esto, resulta estratégico el papel del Estado como agente multiplicador de escuelas secundarias -de gestión pública, social o privada- con radicación en las áreas más pobres, capaces de ofrecer servicios educativos con títulos intermedios de alta excelencia técnico-profesional; atractivas tanto por su calidad educativa, condiciones edilicias, fomento al desarrollo humano y servicios de seguridad social como por sus especiales oportunidades de salida laboral y desarrollo profesional, para quienes los trabajos de indigencia, la reproducción temprana o la ley de la calle constituyen los únicos marcos reconocidos de horizonte social. .
El autor es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA e investigador del Instituto Gino Germani de la UBA