Diario "La Capital". Rosario, Martes, 12 de agosto de 2014
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Opinión
Reformas para el crecimiento en Chile
El gobierno de Michelle Bachelet ha emprendido las reformas tributaria, educacional, energética y de productividad anunciadas durante la campaña presidencial.
Por Jorge Selaive / Economista jefe de BBVA Chile
El gobierno de Michelle Bachelet ha emprendido las
reformas tributaria, educacional, energética y de productividad
anunciadas durante la campaña presidencial. En el ámbito tributario, se
intenta recaudar en régimen el 3 por ciento del PBI hacia 2018. Desde el
actual sistema integrado basado en rentas percibidas con una tasa
corporativa del 20 por ciento se pasaría a un sistema donde el
contribuyente optaría entre renta atribuida y tasa del 25 por ciento, o
un sistema semiintegrado con renta percibida y tasa del 27 por ciento.
En ambas se reduciría la tasa máxima del impuesto personal desde el 40
por ciento al 35 por ciento. Se incorporan impuestos verdes, sobre
cigarrillos y bebidas azucaradas. El sistema tributario se hará más
progresivo y así colaboraría en mitigar la desigualdad social.
En la reforma educacional, vale la pena detenerse en
educación escolar, que para los establecimientos con aporte estatal
terminaría con el lucro, con el financiamiento compartido y la selección
de alumnos. Se pondría fin al lucro en colegios que reciban aportes
públicos, estimulando la reinversión y con ello la calidad. Aquellos con
financiamiento compartido (padres y Estado) funcionarían con una
subvención estatal completa. Las propuestas se hacen cargo de las
promesas de gratuidad, pero se extrañan aquellas focalizadas con mayor
fuerza en calidad, particularmente en edad temprana del desarrollo
cognitivo. Parece razonable esperar perfeccionamientos que aseguren esta
última dimensión.
La agenda de energía tiene varios desafíos, como
elevados costos de generación, poca competencia, baja diversificación,
alta dependencia de mercados internacionales y problemas de
conectividad. En lo principal, esta hoja de ruta fortalece a la empresa
estatal de petróleo, aumenta la participación del gas natural en la
matriz energética, impulsa el desarrollo descentralizado de las energías
renovables y establece un marco regulatorio para la conectividad. Solo
cabe cuestionar la mayor relevancia entregada al gas natural en la
matriz, por su alto precio y su naturaleza importada.
Finalmente, la agenda de competitividad incrementa la
acción conjunta público-privada, intensifica el apoyo a las pymes,
incentiva la generación de clusters, propone un puerto a gran escala y
se genera el compromiso por resguardar la libre competencia. Algunas
críticas serían la discriminación que una política de clusters podría
tener, la posición más política del comité de ministros que asignarán
los fondos estatales a las iniciativas, y la falta de medidas que
apunten a mejorar y flexibilizar el mercado laboral. Puede haber
cuestionamientos sobre los efectos de corto plazo, pero las reformas
emprendidas, de ser bien diseñadas, implementadas y perfeccionadas,
aseguran un impacto positivo sobre el crecimiento de largo plazo.
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