La doctrina del bien y del mal
Diario "La Nación". Buenos Aires, 2 de junio de 2002
En Estados canallas (Paidós), Noam Chomsky vuelve a lanzar su mirada crítica sobre la política exterior norteamericana
Como muchos otros términos del discurso político, el término "Estado canalla" ( rogue state
) tiene dos usos: un uso propagandístico, aplicado a determinados
enemigos, y un uso literal que se aplica a los Estados que no se
consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales.
La lógica hace suponer que, a menos que experimenten constricciones
internas, los Estados más poderosos tienden a caer en esta última
categoría, suposición que la historia confirma.
Aunque las normas internacionales no están determinadas rígidamente, hay
cierto acuerdo sobre las directrices generales. En el período posterior
a la Segunda Guerra Mundial, estas normas estaban codificadas
parcialmente en la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones del
Tribunal Internacional de Justicia y diversos convenios y tratados.
Estados Unidos se consideraba exento de estas obligaciones y aún más
desde el fin de la Guerra Fría, ya que, al volverse tan abrumador el
dominio estadounidense, se hace innecesario guardar las apariencias.
Este hecho no ha pasado inadvertido. La circular de la American Society
of International Law (ASIL) señalaba en marzo de 1999 que "la
consideración que se presta al derecho internacional en nuestro país es
menor que en cualquier otro momento" del siglo; el editor de esta
publicación profesional había advertido poco antes sobre la "alarmante
exacerbación" del menosprecio de las obligaciones contractuales por
parte de Washington.
El principio operativo fue articulado por Dean Acheson en 1963, cuando informó a la ASIL que la "conveniencia" de una respuesta a un "desafío (...) (al) (...) poder, posición y prestigio de Estados Unidos (...) no es una cuestión legal". Anteriormente, Acheson había observado que el derecho internacional es útil "para dar brillo a nuestras posiciones con un carácter derivado de unos principios morales muy generales que han influido en las doctrinas legales". Pero no obliga a Estados Unidos.
Acheson se estaba refiriendo en concreto al bloqueo a Cuba, que ha sido uno de los principales blancos del terror y la guerra económica estadounidenses desde hace cuarenta años, aun antes de que en marzo de 1960 se tomara la decisión secreta de derrocar a su gobierno. La amenaza cubana fue identificada por Arthur Schlesinger en su informe sobre las conclusiones de la misión latinoamericana de Kennedy al presidente entrante: "La difusión de la idea de Castro de [que es posible] hacer las cosas uno mismo", que podría estimular a los "pobres y carentes de privilegios" en otras partes, quienes "están exigiendo la oportunidad de vivir una vida decente" -según afirmó Schlesinger más tarde-, actúa como un "virus" o "manzana podrida", como se ha dicho en algunas ocasiones. Existía una conexión de guerra fría: "La Unión Soviética acecha entre bastidores, otorgando importantes préstamos para el desarrollo y presentándose como el modelo para alcanzar la modernización en una sola generación".
Resulta poco sorprendente que el asalto estadounidense se haya vuelto considerablemente más duro desde que la URSS desapareciera de escena. Las medidas tomadas han sido condenadas casi universalmente: por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por su órgano judicial, el Comité Jurídico Interamericano, que dictaminó por unanimidad que violan el derecho internacional, como lo hizo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay pocos que dudan que habrían de ser condenadas también por la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero Washington ha dejado claro que soslayará cualquier condena de la OMC, ateniéndose al principio de Estado canalla.
Para ilustrarlo con otro ejemplo con relevancia actual, cuando Indonesia invadió Timor oriental en 1975, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ordenó retirarse inmediatamente, sin resultado. Las razones fueron explicadas en las memorias del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas Patrick Moynihan, publicadas en 1978.
"Estados Unidos quería que las cosas ocurrieran tal como ocurrieron y trabajó para conseguirlo. El Departamento de Estado deseaba que las Naciones Unidas aparecieran como sumamente ineficaces al aplicar cualquier medida que decidieran. Esta tarea me fue encargada a mí y la llevé a cabo con no poco éxito.
Prosigue informando que, en el plazo de dos meses, unas 60.000 personas fueron asesinadas. La cifra llegó a 200.000 en pocos años gracias al apoyo militar cada vez mayor de Estados Unidos, con la colaboración del Reino Unido cuando las atrocidades llegaron a su punto máximo en 1978 (...) El apoyo estadounidense a la agresión y masacre indonesias fue casi reflexivo. El asesino y corrupto general Suharto era "nuestro hombre", explicó la administración Clinton, y lo había sido desde que supervisó una masacre estilo Ruanda en 1965, que suscitó una euforia sin límites en Estados Unidos. Y siguió siéndolo mientras compilaba uno de los peores expedientes en derechos humanos de la era moderna, hasta que cayó en desgracia en 1997, cuando perdió el control y empezó a arrastrar los pies ante los duros programas de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI). La pauta es conocida: otro gran asesino, Saddam Hussein, también recibió apoyo mientras cometía sus peores atrocidades, cambiando de estatus sólo cuando desobedeció (o malinterpretó) las órdenes. Hay una larga serie de ejemplos similares: Trujillo, Mobutu, Marcos, Duvalier, Noriega y muchos otros. Los crímenes no tienen consecuencias importantes; la desobediencia, sí.
Los asesinatos en masa de 1965, que en su mayor parte tuvieron como víctimas a campesinos sin tierra, eliminaron la posibilidad de que Indonesia pudiera convertirse en una amenaza de la variedad cubana, una "infección" que "se expandería hacia el Oeste" a través de Asia oriental, como había advertido George Kennan en 1948, cuando señaló que "el problema de Indonesia" sería el tema "fundamental" en "la lucha contra el Kremlin", que era prácticamente invisible. La masacre se tomó también como justificación de las guerras de Washington en Indochina, que habían reforzado la resolución de los generales de purificar su sociedad.
Hacer que las Naciones Unidas aparezcan como "sumamente ineficaces" ha sido un procedimiento rutinario desde que la organización se salió del control estadounidense con la descolonización. Un indicador es el de los vetos en el Consejo de Seguridad, que cubren una amplia gama de temas: desde los años sesenta, Estados Unidos ha estado de lejos a la cabeza, el Reino Unido en segundo lugar y Francia en una distante tercera posición. Algo similar ocurre con las votaciones en la Asamblea General. El principio general es que si una organización internacional no sirve a los intereses que gobiernan la política de Estados Unidos, hay pocos motivos para permitirle sobrevivir.
Las razones del rechazo a las normas internacionales fueron especificadas por la administración Reagan cuando el Tribunal Internacional de Justicia estaba considerando las acusaciones de Nicaragua contra Estados Unidos. El secretario de Estado George Shultz se burló de quienes abogan por "medios utópicos y legalistas como la mediación exterior, las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, y no tienen en cuenta el elemento de poder de la ecuación". El consejero legal del Departamento de Estado Abraham Sofaer explicó que no se puede contar con que "la mayor parte del mundo comparta nuestro punto de vista" y que "la mayoría suele oponerse a Estados Unidos en importantes cuestiones internacionales". Según esto, debemos "reservarnos el poder de decidir" cuándo actuaremos y qué asuntos caen "básicamente dentro de la jurisdicción interna de Estados Unidos, según determine Estados Unidos": en este caso, las acciones que el tribunal condenó como el "uso ilegítimo de la fuerza".
El Tribunal conminó a Washington a desistir de sus acciones y condenó a Estados Unidos a pagar sustanciosas reparaciones, dictaminando también que toda ayuda concedida a las fuerzas mercenarias que atacaban a Nicaragua era militar, no humanitaria. Por consiguiente, el Tribunal fue rechazado como un "foro hostil" ( New York Times ) que se había desacreditado a sí mismo al condenar a Estados Unidos, que reaccionó provocando una escalada en la guerra y desoyendo la petición de reparaciones. Estados Unidos vetó entonces una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conminando a todos los Estados a respetar el derecho internacional y votó prácticamente en solitario contra resoluciones similares de la Asamblea General. Todo esto se consideró tan insignificante que apenas se le dio difusión, de la misma manera que se pasaron por alto las reacciones oficiales. La ayuda fue calificada de "humanitaria" hasta la victoria de Estados Unidos. .
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