4. NARCOTRAFICO
DOCTOR ALFREDO BRUNO BOLOGNA
El
tema del narcotráfico en la agenda de la región, tomó un nuevo impulso a partir
de la post guerra fría. Superada la etapa de la contención del comunismo, la
droga pasó a ocupar un lugar destacado en las reuniones hemisféricas.
No
es intención abordar en un trabajo de estas características, todos los factores
que intervienen en el complejo tema del narcotráfico. Es por ello que nos hemos
centrado en algunos aspectos en los cuales se muestran criterios dispares entre
los países del hemisferio. Entre ellos se pueden mencionar: 1- responsabilidad
compartida; 2- derecho de ingerencia; 3- Intervención de las fuerzas armadas en
la lucha contra el narcotráfico y 4- cuestión económico-social que se deriva de
la sustitución de la producción de coca por otros cultivos.
4.1. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La
visión unidimensional que se diseñó desde los Estados Unidos para combatir el
narcotráfico resultó improcedente y amplió la brecha de disidencias con América
Latina.
Es
por ello que se toma como punto de partida, para el estudio de este flagelo, la
perspectiva de la responsabilidad compartida.
Este
criterio latinoamericano ha sido reiterado en diversas ocasiones en las
reuniones hemisféricas, tratando de que Estados Unidos comprenda que el
esfuerzo que realiza en América Latina en contra de la producción, lo emplee a
su vez en su territorio donde se produce el mayor consumo.
Sin
embargo, el gobierno de Estados Unidos hace caer todo el peso de la
responsabilidad en los países productores.
En
cumplimiento de ese objetivo, Estados Unidos aplicó diversos criterios a nivel
multilateral y bilateral[1].
Desde
el punto de vista multilateral a propuesta del presidente de Colombia, Virgilio
Barco, se realizó en febrero de 1990, una reunión cumbre en Cartagena de Indias,
Colombia, con la presencia del presidente de los Estados Unidos de América,
George Bush, de Bolivia, Jaime Paz Zamora, de Colombia, Virgilio Barco y de
Perú, Alan García.
En
esta reunión se estableció el compromiso de reducir el consumo y la oferta de estupefacientes.
La declaración suscripta por los cuatro mandatarios prescribe claramente el
esfuerzo de los países andinos por frenar el flujo de narcóticos hacia el
exterior que debe ir acompañado de una firme ofensiva del gobierno
norteamericano para reducir al máximo posible la dimensión de su mercado
consumidor.
El
presidente Bush se comprometió a solicitar al Congreso de su país, un
incremento sustancial de ayuda económica para Bolivia, Colombia y Perú, a fin
de apoyar los desarrollos agrícolas sustitutivos que permitan eliminar el
cultivo de la coca “sin costos sociales excesivos”.
Estados
Unidos se comprometió asimismo a no enviar fuerzas militares a la región del
Caribe, cual era su intensión para bloquear los puertos de salida de las
drogas.
4.2. DERECHO DE INGERENCIA
Un
segundo aspecto está relacionado con el derecho de ingerencia.
Desde
el punto de vista bilateral se puede detectar el enfrentamiento casi
cotidiano entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
No
es intención de este trabajo, realizar una reseña de las actividades
desarrolladas por Estados Unidos en América Latina, pero no pueden dejar de
mencionarse el envío de tropas a Bolivia durante la administración Reagan y la
intervención unilateral de la Administración Bush en Panamá en 1989 para detener al General Manuel Noriega y juzgarlo en
Miami.
Además
de las mencionadas, se pueden citar otras actividades de los Estados Unidos en
la región.
Un
caso líder fue el ocurrido en México
en 1990, cuando fue secuestrado el doctor Humberto Alvares Machaín, llevado y
juzgado en Estados Unidos.
Humberto
Alvares Machaín presuntamente participó en 1985 conjuntamente con 19
narcotraficantes en el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Zalazar,
un agente de la agencia norteamericana antinarcóticos Drug Enforcement
Administration (DEA).
El
cadáver de Camarena Salazar fue encontrado varios meses después de su
desaparición, enterrado junto a Alfredo Zavala Avelar, un piloto mexicano
contratado por la DEA.
En
1990, un grupo de desconocidos irrumpió en el consultorio del ginecólogo
Machaín, en Guadalajara y lo sacó del lugar por la fuerza. Fue trasladado en
avión hasta El Paso y luego a California.
La
reacción de la DEA
se debió a que Álvarez Machaín, fue el encargado de medicar a Camarena Salazar
para mantenerlo vivo mientras se lo torturaba.
Jueces
de primera y segunda instancia habían fallado que Machaín debía devolverse a
México, y luego solicitar la extradición como estaba contemplado en el tratado
firmado entre Estados Unidos y ese país.
Sin
embargo, el 15 de junio de 1992, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
decidió que el secuestro de un ciudadano norteamericano en México y su
posterior traslado a los Estados Unidos había sido un procedimiento legítimo.
La Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos, compuesta por nueve miembros, bajo la
presidencia de William Rehnquist, logró el fallo con seis votos a favor y tres
en contra. Los tres jueces, John Paul
Stevens, Harry Blackmun y Sanda Day O’Connor, calificaron el fallo como una
decisión monstruosa.
El
22 de junio de 1992, la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, aprueba por
segunda vez la captura en territorio mexicano de un ciudadano de ese país para
ser procesado en los Estados Unidos.
El
segundo caso se refiere a René Verdugo Urqudez, convicto por el asesinato de un
agente de la DEA. Verdugo
Urquidez, fue detenido por la policía mexicana, cerca de San Felipe en 1986 y
se lo condujo a la frontera de los Estados Unidos, donde lo entregaron a los
agentes federales a través de una apertura en la verja fronteriza y sin el
consentimiento del gobierno mexicano.
Desde
el punto de vista jurídico, Tom Farer, manifestó que el fallo fue errado y que
carecía de sustancia el argumento de que el secuestro no estaba estrictamente
prohibido por el Tratado de Extradición
Bilateral[2].
El
periódico The New York Times, en su editorial del 18 de junio de 1992, calificó
de asombrosa la decisión de la
Corte Suprema de los Estados Unidos.
El
mismo director de la DEA,
Robert C. Bonner, reconoció que en este caso hubo un exceso por parte de
agentes de esa repartición.
El
secuestro de Humberto Álvarez Machaín provocó en principio una airada protesta
de México, que se moderó casi de
inmediato, cuando Estados Unidos, amenazó con suspender la cooperación en la
lucha antidrogas. Es por ello que México presentó al gobierno de Estados Unidos
una protesta formal y una aclaración en el sentido de que la colaboración en la
batalla contra el narcotráfico no tiene que convertirse en una carta de presión[3].
Con
posterioridad existió un compromiso por parte del presidente Bush de no
secuestrar personas en México. El embajador de Estados Unidos en ese país, John
Negroponte, aclaró que se trataba de una concesión exclusiva para México[4].
Dentro
de esta línea de rechazo al derecho de ingerencia proclamado por la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos y avalada por otros poderes de ese país, se
pueden mencionar entre otros, las declaraciones de la II Reunión Cumbre del
MERCOSUR, celebrada en Las Leñas, Argentina el 26 de junio de 1992 y las de la VI Reunión del Grupo de
Río realizada en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1992.
En
los documentos mencionados se critica el carácter incompatible con el Derecho
Internacional y atentatorio de la soberanía de los Estados.
Una
incidencia mayor de intervención de Estados Unidos se produce en Colombia.
Dentro
de la Política
Exterior norteamericana actual, el gobierno de Colombia es
percibido como el principal responsable de la relación con el narcotráfico.
En
julio de 1992, aviones y helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron territorio
colombiano para dar con el paradero del jefe del Cartel de Medellín, Pablo
Escobar, quien junto con nueve narcotraficantes se fugaron de la cárcel de
Envigado.
El
gobierno colombiano afirmó que se trataba de una operación conjunta entre
fuerzas de los dos países. La oposición en el Congreso Nacional quería
enjuiciar al presidente, César Gaviria Trujillo, por permitir el ingreso de
tropas extranjeras en Colombia, siete días después de producida la fuga de
Escobar.
Durante
la presidencia de César Gaviria, el gobierno de Estados Unidos, criticó la
política antinarcóticos en ese país y fijó condiciones para la lucha contra las
drogas para el año 1995. Colombia advirtió a los Estados Unidos que no estaba
dispuesta a aceptar imposiciones en la lucha contra las drogas[5].
La
situación bilateral entre Estados Unidos y Colombia se complicó aún más a partir de la presidencia de Ernesto
Samper.
Tres
días después de las elecciones presidenciales por las cuales llegó al poder
Ernesto Samper, el 22 de junio de 1994, se conoció a través de los medios de
comunicación, cintas grabadas en las cuales se establece que el Cartel de Cali
había financiado las campañas presidenciales del candidato del Partido
Conservador, Andrés Pastrana y del Partido Liberal, Ernesto Samper.
El
presidente de Colombia, Ernesto Samper, admitió que el Cartel de Cali ofreció a
su campaña 3.600 millones de dólares, pero negó enfáticamente que el dinero
hubiera sido aceptado[6].
El
1 de octubre de 1994 se informó que la investigación realizada por la Procuraduría General
no encontró evidencias de este aporte financiero y no se presentaron cargos
contra el presidente de la
Nación, Ernesto Samper.
Otra
investigación judicial sobre esta denuncia, se llevó a cabo en el Congreso
Nacional, que después de juzgar al presidente de la Nación, lo absolvió en
1996.
Paralelamente
Estados Unidos actuaba de acuerdo a otros parámetros formales.
El
Congreso de Estados Unidos, evalúa anualmente a los países en los cuales se
produce o trafican drogas. Luego se expide un certificado sobre la evaluación
de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico que realiza el Departamento
de Estado. Este certificado tiene una importancia fundamental ya que determina
la ayuda militar y económica de los Estados Unidos a esos países.
La
certificación fue cancelada a Colombia para el año 1996 y el presidente de
Colombia no puede obtener visa para entrar en los Estados Unidos.
En
relación a la quita de la visa al presidente de Colombia, en una conferencia de
prensa realizada en Cochabamba al culminar la X Cumbre del Grupo de
Río, el 4 de setiembre de 1996, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sanchez de
Lozada, dejó expuesta la preocupación por este hecho. Ampliando este criterio
expresó que lo ocurrido al presidente Samper preocupa, porque, si bien Estados
Unidos tiene derecho a decidir quien visita su país, en este caso particular,
está involucrado un mandatario en ejercicio.
Para
ampliar el tema de las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y Colombia,
es interesante agregar la opinión del jefe de la oficina de la DEA, en Bogotá, JoeTolf, quien
hizo un inventario de su actuación en el país al despedirse de sus funciones
luego de seis años en el cargo.
Tolf
cuestionó al presidente, César Gaviria, actual Secretario General de la Organización de
Estados Americanos, por presunta indulgencia hacia el acribillado jefe del
cartel de la cocaína de Medellín cuando este estuvo en la prisión. Señaló que
Gaviria estuvo bien enterado de que Pablo Escobar estaba traficando y ordenando
asesinatos desde su celda, pero que no hizo nada al respecto.
Tolf
declaró que su información de inteligencia no le dejaba duda alguna de que los
jefes del tráfico de cocaína contribuyeron con fuertes sumas a la campaña
electoral de Samper y acusó a políticos locales de carecer de voluntad para
combatir a los jefes de la droga. Calificó a Colombia como una narco democracia
y señaló que este término no les agrada a los colombianos pero es real.
Tolf
mencionó que todas las Instituciones de Colombia, judiciales o políticas, que
él conocía, estaban influenciadas por los narcotraficante[7].
Luego de estas declaraciones, el
gobierno colombiano, demandó una explicación inmediata por parte del embajador
norteamericano en Bogotá, MylesFrechette. El embajador norteamericano expresó
que Tolf no trabaja más para el gobierno norteamericano y que lamentaba los
ataques personales a Colombia, tras seis años y medio de servicios en ese país.
En los
últimos meses de 1996, la
Política de Estados Unidos con relación a Colombia está
cambiando.
En
setiembre de 1996, el presidente Clinton, autorizó al Pentágono a aumentar la
asistencia antinarcóticos al Ejército colombiano con el envío de helicópteros
de tropas, aviones de observación, vehículos, repuestos y equipos de
comunicaciones, por un valor de varios millones de dólares.
Este
cambio de política por parte de Estados Unidos, resulta extraño, según el
Ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, ya que por un lado Estados Unidos
nos descertifica y, por el otro ha intensificado su cooperación con el país[8].
En
la actualidad la ola de asaltos y terrorismo lleva a Comellas a pensar que el
narcoterrorismo tiene como finalidad el asalto al poder[9].
Lo
real es que existe una importante ayuda norteamericana destinada a la política
y en mayor medida a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos.
4.3. PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO
Un tercer
aspecto a tener en cuenta dentro de este contexto es qué papel le corresponde a
las fuerzas armadas de los países latinoamericanos.
La
participación militar en la lucha contra el narcotráfico es una cuestión que
divide las opiniones entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
Estos criterios dispares se hicieron
evidentes en la XX
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) realizada en
Brasilia el 8 y 9 de septiembre de 1993.
En
este sentido, el general Wesley Clark, comandante de las fuerzas del Comando
Sur de Estados Unidos en Panamá, expresó que se estudia como las fuerzas
armadas de la región pueden apoyar las operaciones antinarcóticos. En algunos
países, según el General Clark, se han detectado movimientos narco guerrilleros
que hacen necesario que el ejército responda con presencia de combate. Agrega
que las fuerzas armadas de Colombia, han asumido un papel activo en la lucha
contra el narcotráfico[10].
La
presencia militar en este terreno, es considerada por Pérez Llana, como una
ingenuidad ya que no logrará cumplir con los objetivos de combatir a los
narcotraficantes[11].
De
cualquier manera, la acción llevada a cabo por los grupos guerrilleros en
Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) parecieran apuntar directa o
indirectamente al negocio del narcotráfico, obteniendo ganancias de 365
millones de dólares anuales.
Según
la misma fuente la ofensiva insurgente se produjo tras una huelga de
cultivadores de coca realizada en agosto de 1996, que se convirtió rápidamente
en una rebelión abierta contra el programa de erradicación de cultivos de coca
iniciados por el gobierno. Se cree que los grupos guerrilleros en especial las
FARC contribuyeron a financiar la huelga referida.
Para
Estados Unidos, el narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional y por
ello convocó a dos reuniones de Ministros de Defensa del hemisferio cuyo tema
central estaba referido al narcotráfico[12].
En
la reunión de Bariloche, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos,
William Perry, “sondeó” a los ministros de defensa del hemisferio, acerca de la
posibilidad de montar un control aéreo regional, a cargo de ese país que
tendría la responsabilidad de detectar los desplazamientos de los traficantes de
toda América Latina.
Esta
iniciativa no encontró respaldo en la región y el representante de Estados
Unidos no insistió sobre el tema.
Los
motivos por los cuales, Estados Unidos mostró un bajo perfil en esta segunda
reunión, deben buscarse, según aprecia, Pérez Llana, en la proximidad de las
elecciones norteamericanas, tratando de no abrir frentes conflictivos[13].
En
las conclusiones elaboradas al término de esta II Reunión, se expresó que el
tráfico de drogas es una de las amenazas a la seguridad continental, pero los
delegados dejaron aclarado que no todas las amenazas deben ser enfrentadas o
desactivadas desde una perspectiva necesariamente militar.
4.4. SUSTITUCIÓN DE PLANTACIONES DE COCA POR
OTROS CULTIVOS
El
cuarto aspecto en el cual hace hincapié América Latina está relacionado con la
cuestión económica y social.
En
la X Reunión
Cumbre del Grupo de Río celebrada en Cochabamba en 1996 se expresó que una
estrategia integral en la lucha contra las drogas debe incluir los aspectos
sociales y económicos del fenómeno, para lo cual es indispensable dirigir
esfuerzos hacia programas de desarrollo alternativo, social y regional,
diseñados para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las
familias campesinas afectadas.
Si
bien el tema del narcotráfico tiene distintos actores[14]
no pueden dejar de mencionarse las responsabilidades que le corresponden a
Estados Unidos.
Con
relación al tema y de acuerdo a lo expuesto el narcotráfico fue invocado por
Estados Unidos, para presionar a los países de América Latina, imponiendo
condiciones con una política restrictiva que no es simétrica con los esfuerzos
que debiera hacer ese país para combatir el consumo de drogas en su territorio.
En el
caso de Colombia, Comellas aprecia que la situación actual, tuvo su inicio en
la década del setenta como causa de la política económica de los Estados
Unidos, cuando el café, uno de los principales productos exportables de
Colombia, sufrió la nivelación de precios por parte de Estados Unidos. El
resultado inmediato fue que el precio del café colombiano se desplomó
velozmente hasta en 40%. Desde entonces, grandes sectores dedicados al cultivo
del café se volcaron a la hoja de coca, para abastecer la demanda
norteamericana de estupefacientes[15].
Pérez
Llana hace hincapié también en las responsabilidades de los Estados Unidos[16].
A
partir de la
Administración Reagan el tema de la droga se convierte en
prioritario. A pesar de los esfuerzos realizados, las últimas estadísticas
determinan que el consumo se viene incrementando. Los productos químicos
utilizados para procesar la droga, generalmente provienen de los países
desarrollados y el lavado de dinero, negocio sin duda fabuloso, se realiza en
bancos que en su mayor parte tienen su sede en los Estados Unidos.
Pérez Llana destaca por otra parte, la
actitud dispar de los Estados Unidos con relación a Colombia y México. En este
último país, el “Cartel del Golfo” ha alcanzado un peso inconmensurable. Un
banco radicado en México cerca de la frontera y de escasa importancia cotiza al
valor de un banco de Manhattan. La heroína constituye su principal fuente de
ingresos, que tiene una ventaja comparativa privilegiada, al estar
geográficamente cerca del mercado de consumo norteamericano. Por otro lado el
discurso oficial de Estados Unidos ataca a Colombia, país que ahora está
envuelto en una verdadera crisis de gobernabilidad, que en parte se explica por
el acoso sufrido por el presidente Samper, independientemente de las
responsabilidades que a él le pudieran caber.
Se puede concluir que aún no están
claros los medios empleados en América Latina para combatir al narcotráfico.
La
responsabilidad compartida no parece ser aceptada por Estados Unidos. Se puede
hablar de un doble standard. La actividad desplegada y la
dureza en los procedimientos usados en América Latina no se corresponden con
las acciones dentro del mismo país.
Es
por ello que América Latina cuestiona la intervención en los asuntos internos y
los procedimientos militares para la solución de todos los problemas derivados
del narcotráfico.
Es
por ello que se insiste en tener una política coordinada entre los países de
América Latina y Estados Unidos, bajo la responsabilidad compartida.
[1] Para ampliar el tema Juan Gabriel Tokatlian, Las drogas y las
relaciones EEUU-América Latina en Revista “Nueva Sociedad” Caracas,
julio-agosto de 1989 N. 102 P. 74
[2] Farer no encuentra antecedente de ninguna sociedad democrática en la
cual una corte superior de justicia avale el secuestro como instrumento de
justicia. Ocurrió en el caso Eichmann en la Argentina y en el caso
de algunos oficiales de la OAS
en la Francia
de De Galle, pero nunca avalado por una Corte. Diario “La Nación”. Buenos Aires, 16
de junio de 1992 P. 2
[3] ZEPPA, Norberto, Licencia para secuestrar. Diario “Clarín”. Buenos
Aires, 21 de junio de 1992 P. 31.
[4] Estados Unidos no secuestrará más en México. Diario “La Capital” Rosario 3 de
julio de 1992.
[5] Severa advertencia de Colombia a la Casa Blanca. “La Nación”. Buenos Aires, 10
de julio de 1994.
[6] “La Nación”.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1994.
[7] Conmociona a Colombia
una denuncia de la DEA.
Diario “La
Nación”. Buenos Aires, 1 de octubre de 1994. P. 2
[8] VOGEL, Thomas
T.–FRIEDLAND, Jonathan, Narco guerrilla: blanco de Bogotá y Washington. “The
Wall Street Journal” en “La
Nación”. Buenos Aires, 16 de octubre de 1996. S. 2 P. 7
[9] COMELLAS, Enrique, El narcoterrorismo, al asalto al poder. Diario “La Nación”. Buenos Aires, 6 de
octubre de 1996 S. 7
[11] PEREZ LLANA, Carlos, La
Cumbre de Bariloche y el cambio de la agenda regional.
Semanario “El Economista” Buenos Aires, 11 de octubre de 1996. P. 15.
[12] La primera reunión se realizó en Williamsburg, Estados Unidos los días
25 y 26 de junio de 1995 y la segunda en San Carlos de Bariloche, Argentina
entre los días 5 y 10 de octubre de 1996. Para ampliar este tema ROJAS ARAVENA,
Francisco, Williamsburg: Un giro definitivo en las relaciones hemisféricas de
Seguridad. Revista “Occidental”. Tijuana, México, 1996 Año 13 N. 1 P. 1-28
[13] PEREZ LLANA, Carlos, op. Cit.
[14] Bustamante parte del
análisis del tema en la agenda global, el debate interno y la política militar
de Estados Unidos, la postura de los países productores y la posición de otros
actores [BUSTAMANTE, Fernando, La droga y la evolución reciente de la agenda
internacional en RUSSELL, Roberto [Editor] La Agenda Internacional
en los años 90. RIAL-GEL. Buenos Aires, 1990. P. 119.
[15] COMELLAS, Enrique, op,
cit.
[16] PEREZ LLANA, Carlos, op. cit.
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