O.N.G. 2005 ONG, partidos y política

Martes 01 de febrero de 2005 

ONG, partidos y política

Por Carlos March
Para LA NACION

  

 

Las provocaciones lanzadas desde el intelecto promueven debates constructivos y respuestas reflexivas. Esto último es lo que despierta el artículo escrito por el diputado nacional justicialista Humberto Roggero, titulado Política, partidos y ONG, publicado por LA NACION en su edición del 21 de enero último en esta misma sección.

Allí, Roggero alerta sobre dos peligros con respecto al rol político de las ONG. El primero tiene que ver con que la "crisis de representación política en un contexto de pensamiento posmoderno" se resuelva "por vía de las organizaciones no gubernamentales", dado que las ONG "no tienen origen en la totalidad, sino en lo sectorializado" y, por ello, "las ONG son la antítesis de la política. Política es idea de un todo para resolver problemas en las partes". Luego supone que "ante la crisis de representación, ellas aspiran a alcanzar rango político con el mérito y currículum de gestionar en el espacio público una inquietud y necesidad nacida de emergentes fragmentados".
Este primer peligro es inexistente, ya que en la Argentina la exclusividad del sistema de representación la tienen los partidos políticos. Las ONG pertenecen al sistema de participación y sólo allí interactúan con los partidos, en una instancia que debería ser de diálogo complementario, y el alerta que plantea Roggero nos ayuda a entender por qué no deja de ser un espacio de monólogos paralelos.
En la segunda advertencia, señala que si las ONG fueran la solución a la crisis de representatividad, la consecuencia sería "la pérdida de debate político sobre la base de ideas y valores", porque las ONG, al representar intereses puntuales, generarían "el veto mutuo entre ellas". Luego, de manera contundente, afirma que "el efecto atomizador de las ONG tiende a la destrucción del «pacto social» porque rompen con el concepto universalizador de pueblo para provocar una dispersión multiplicadora de multitudes".
Este segundo peligro existe, pero no por culpa de la aparición de las ONG como actores sociales, sino por la desaparición de los partidos políticos como los garantes del "pacto social" y como espacios de militancia, de formación de dirigentes, de alternancia y depuración de la clase política, de discusión ideológica, de construcción de políticas públicas y, justamente, por la inexistencia de políticos preocupados por discutir ideas y transmitir valores. En las elecciones presidenciales de 2003, sólo el 7% de los mensajes transmitidos por los candidatos por medio de la prensa gráfica, radial y televisiva se refirió a propuestas y plataforma política, de acuerdo con una medición realizada por las fundaciones Konrad Adenauer y Poder Ciudadano.
Expuestos ambos peligros, Roggero llega a dos conclusiones. En la primera sostiene que "ceder a las ONG el mando exclusivo de la cosa pública es perder el atributo vital de lo político".
Esta primera conclusión resulta contradictoria, dado que no puede hablarse de "mando exclusivo" cuando se habla de "cosa pública". El "atributo vital de lo político" también se pierde si la exclusividad se cede a un partido político, porque en las democracias modernas y consolidadas la centralización de poder se reemplaza por el liderazgo de la articulación, donde los partidos representan la totalidad y las ONG impulsan intereses colectivos. Por lo tanto, no se trata de dividirse en hegemonías que ceden, sino de intentar unirse en la diversidad que confluye. Y un buen ejemplo de unidad en la diversidad no lo tenemos que buscar en Europa, sino que lo encontramos en un país limítrofe. El Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil se construyó a partir de un proceso que basó gran parte de su legitimidad y vitalidad política en organizaciones no gubernamentales y en reconocidos referentes y líderes sociales que no dudaron en articularse con movimientos, partidos y líderes políticos. Y se pudo lograr porque, en Brasil, tanto los partidos políticos como las ONG se sienten parte de ese espacio que en la Argentina Roggero califica de "universalismo egoísta": la sociedad civil.
Finalmente, Roggero concluye en que la solución a "la actual crisis de representación está en reinstitucionalizar a la república y no en institucionalizar una creación originaria del mezquino interés sectorial", en clara alusión a las ONG. En esta última conclusión Roggero pudo haber apuntado alto, pero optó por el golpe bajo de la dicotomía.
Claro que la crisis de representación comienza a corregirse reinstitucionalizando la república, pero se complementa institucionalizando las herramientas y políticas públicas que proponen las ONG. Porque se avanzó en reinstitucionalizar la república cuando las ONG comenzaron a proponer herramientas de transparencia en el financiamiento de la política y del Estado y el Congreso modificó la ley de partidos -prohibiendo los aportes anónimos y obligando a los candidatos a hacer públicos sus informes de gastos de campaña- y sancionó la ley de ética pública obligando a representantes, funcionarios, diputados, senadores y jueces a presentar y hacer públicas sus declaraciones juradas patrimoniales.
Porque se avanzó en la reinstitucionalización de la república cuando las ONG y los medios de comunicación impulsaron dos iniciativas populares y el Congreso sancionó la ley que derogó las jubilaciones de privilegio y la que creó el plan alimentario nacional El Hambre más Urgente.
Y tal vez podamos continuar avanzando en reinstitucionalizar la república si las ONG y los partidos pudieran destrabar las numerosas reformas estructurales en materia de política y administración del Estado que todavía están pendientes, y garantizar la seguridad jurídica que reclaman los empresarios y que se les niega a los sectores excluidos. O al menos, como un gesto casi imperceptible, podríamos avanzar en reinstitucionalizar la república si hacemos el esfuerzo de salir de la posición dicotómica de ONG o partidos, para asumir una actitud complementaria que permita que el próximo artículo lo podamos escribir juntos. .
El autor es director ejecutivo de Poder Ciudadano.