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miércoles, 24 de junio de 2015

SIN TIERRA (2005) Inquietud por la ofensiva de los Sin Tierra en América latina

Temen nuevos brotes de violencia

Inquietud por la ofensiva de los Sin Tierra en América latina

Las ocupaciones ilegales crean tensión en varios países
La crisis política que esta semana casi termina con el gobierno del boliviano Carlos Mesa tuvo como trasfondo un tema que provoca cada vez más inquietud en América latina: la lucha por la tierra. En distintas geografías y circunstancias políticas, los campesinos de la región están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los propietarios de tierras, fenómeno que combina factores potencialmente explosivos.
Mientras el Movimiento Sin Tierra (MST) brasileño planea masivas invasiones de fincas en abril, el gobierno de Venezuela amenaza con expropiar millones de hectáreas en los próximos meses y, en Paraguay, las violentas ocupaciones llevaron a las autoridades a enviar al ejército para proteger los campos.
"Lo que ha cambiado son las condiciones políticas, que ahora favorecen estos movimientos, y la visibilidad de las organizaciones, que reciben más atención que antes", explicó a LA NACION Jonathan Conning, experto en América latina del Hunter College de Nueva York.
Entre los muchos reclamos que agobian a Mesa está el de los campesinos que exigen tierras. Pero esa es sólo una cara del asunto. El problema de las ocupaciones ilegales de campos -que han aumentado y son cada vez más violentas- se ha convertido en uno de los principales motivos por los cuales los empresarios del departamento de Santa Cruz, el más rico del país, exigen su autonomía. "En este momento, ese es uno de los puntos de fricción más importantes en el divorcio entre el gobierno central y el oriente del país, particularmente entre los sectores empresariales", explicó el analista Jorge Lazarte.
Las ocupaciones han alarmado tanto a los grandes propietarios bolivianos, que incluso han formado grupos paramilitares para detener a los campesinos. También en Paraguay tuvieron que acudir a una solución extrema para detener las ocupaciones ilegales. Aunque los campesinos paraguayos venían realizando protestas desde hace años, sólo en los últimos meses decidieron comenzar una campaña de ocupación de tierras, organizaron más de 70 invasiones e impidieron que muchos productores plantaran soja o cosecharan sus cultivos. Por eso, el gobierno del presidente Nicanor Duarte decidió enviar militares para proteger las siembras.
Según explicó a LA NACION Tomás Palau, sociólogo paraguayo especialista en temas agrícolas, de esta forma se evita también la quema de siembras y los cortes de caminos por donde pasan las maquinarias. "Los conflictos son muchos y siguen creciendo", lamentó Palau.

Ultimátum a Lula

Una situación bastante diferente se vive en Brasil, donde el gobierno es un aliado histórico del MST, que comanda las invasiones. Por eso, el eje del conflicto, desde la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2002, es la presión que el MST ejerce sobre el propio gobierno para forzar una reforma agraria más rápida. El gobierno de Lula, sin embargo, atado a un severo ajuste fiscal, no ha logrado satisfacer las demandas de los Sin Tierra. El año pasado, las autoridades prometieron que asentaría a 115.000 familias, pero sólo lo hicieron con 81.000. Mientras tanto, las ocupaciones crecen, como forma de presión al gobierno.
Desde la elección de Lula, las invasiones aumentaron un 47% respecto de años anteriores y en este momento hay más de 320 propiedades ocupadas. "Este año es la última oportunidad para el gobierno para mostrar que está realmente comprometido con la reforma agraria", amenazó el MST. El movimiento planea una gran marcha e invasiones de tierras entre el 10 y el 17 de abril.
El presidente venezolano, Hugo Chávez aprovechó en enero último un acto del MST en Brasil para anunciar que este año su gobierno planea expropiar unas tres millones de hectáreas, para entregarlas a campesinos pobres. La "guerra contra el latifundio" había arrancado días atrás, cuando militares y policías intervinieron un predio en el estado occidental de Cojedes, propiedad de una subsidiaria del grupo británico Vestey.
El anuncio de Chávez recibió airadas críticas de la oposición y de los productores agrícolas, que denunciaron que la ley que permite la expropiación de tierras "ociosas" vulnera el derecho de propiedad. "Nosotros creemos que se ha partido de una premisa falsa, según la cual el problema agrícola en Venezuela y la desasistencia social es producto de la distribución de la tierra", dijo desde Caracas José Luis Betancourt, presidente de Federación Nacional de Ganaderos.
"El tema no es distribuir tierra, sino lograr que haya puntos sustentables para la producción y que la incorporación de personas al trabajo de la tierra se haga con respaldo de la ley y con planes preconcebidos, para convertirlos en productores y no en marginados rurales", agregó Betancourt. .
Por Dolores TeresoDe la Redacción de LA NACION

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