Diario "La Capital". Rosario, Miércoles, 07 de diciembre de 2011
Europa pone en tela de juicio la credibilidad de Standard & Poor's
Fráncfort.— Europa puso ayer en duda la credibilidad e independencia de Standard & Poor’s (S&P), la agencia de calificación con sede en EEUU que el lunes lanzó una amenaza de rebaja generaliza del “rating” de los países del Viejo Continente, incluidos algunos hasta ahora “intocables” como Alemania y Francia.
“Estamos tratando de controlar la crisis de la deuda, de consolidar, de reformar, incluso, la forma de gobernar”, dijo el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien denunció que el anuncio de S&P, justo en vísperas de una nueva cumbre decisiva para el futuro de eurozona, “no puede ser una coincidencia”.
“Exagerada e injusta”. Juncker calificó como “exagerada e injusta” la decisión de S&P de poner sobre aviso la nota de 15 de los 17 países de la zona euro. Y, aún más duro, cuestionó la credibilidad de las agencias de “rating”, recordando que no vieron venir la crisis de las hipotecas basura, origen de la actual crisis. “No le den a las agencias más crédito del que merecen”, recomendó el también ministro de Finanzas de Luxemburgo.
En la misma línea que Juncker, los consejeros del Banco Central Europeo (BCE) Christian Noyer y Ewald Nowotny denunciaron “motivaciones políticas” en la decisión de S&P.
La agencia justificó su último aviso por el endurecimiento de las condiciones de crédito en la eurozona, la mayor tensión sobre la deuda soberana, los “continuos desacuerdos” entre los gobiernos europeos para resolver la desconfianza de los mercados y el creciente riesgo de una recesión económica en 2012.
Un camino diferente. Noyer, presidente del Banco de Francia, afirmó que la actuación de la agencia llega “una vez más a destiempo” y dijo que “cuando se lee la argumentación de Standard & Poor’s se ve que la metodología ha evolucionado y actualmente está más vinculada a factores políticos que a los fundamentos económicos”.
Por su parte, Nowotny, también presidente del Banco Central de Austria, consideró que “el momento para lanzar esta advertencia, y la escala, tienen un contexto político claro”. También recomendó que la política siga un camino diferente al de las agencias de “rating”.
Mientras tanto, Alemania y Francia, los dos países que promueven profundas reformas hacia una unión fiscal europea, se mostraron impasibles ante los anuncios de S&P. “Lo que haga una agencia de calificación es responsabilidad de la agencia de calificación”, fue la respuesta lapidaria de Angela Merkel.
“El jueves y el viernes tomaremos decisiones que consideramos importantes e imprescindibles para la eurozona”, agregó la canciller alemana, un día después de proponer junto con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, un pacto para reforzar el tope de déficit presupuestario de los países del bloque y sancionar automáticamente a quienes lo incumplan.
Por su lado, en Francia, el ministro de Relaciones Exteriores, Alain Juppé, dijo que las propuestas formuladas el lunes por los dos mandatarios son la “respuesta a una de las principales cuestiones” planteadas por S&P.
Disciplina fiscal. Entretanto, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, propuso ayer aplicar numerosos cambios en los Tratados de la Unión Europea (UE) para endurecer la disciplina presupuestaria, sin tener que pasar por ratificaciones, en un intento por frenar rápidamente la crisis de deuda soberana en la eurozona.
En la habitual carta de invitación a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE para la cumbre europea de mañana y el viernes en Bruselas, Van Rompuy aboga por acelerar los ritmos para frenar urgentemente la crisis que azota a los 17 socios de la moneda única y que se ha contagiado a una parte del bloque comunitario.
Cambios rápidos. Según el documento que el belga ha hecho llegar a las 27 capitales comunitarias, se propone un cambio en el protocolo número 12 del Tratado de Lisboa, en el cual se trata el procedimiento por déficit y deuda excesivos de un socio, para endurecer mucho más sus términos.
Lo más importante de su razonamiento es que podría modificarse con una votación por unanimidad en el seno del Consejo (los jefes de Estado y de Gobierno) sin tener que someterlo a ratificación en cada uno de los 27 socios del bloque. “Esa decisión no necesita de una ratificación a nivel nacional. Ese procedimiento podría conducir a cambios (en el Tratado de Lisboa) rápidos y significativos”, asegura el texto.
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