CLINTON Y AMÉRICA LATINA

El segundo gobierno de Clinton y América Latina

Dr. Alfredo Bruno Bologna

  No es intención de este trabajo analizar la historia de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y América Latina, pero se debe partir de que las mismas han demostrado una subordinación de la región a los diseños de la Política Exterior norteamericana.

Con este razonamiento no se quiere expresar que no haya habido por parte de los países de América Latina en distintas épocas intentos de secesión de las directivas de Washington, enfrentamientos y conflictos, como así también algunas posturas de confrontación por ciertas decisiones elaboradas en los Estados Unidos.

Es así que en el período de la guerra fría se hizo evidente el apoyo de la Unión Soviética a determinados procesos revolucionarios nacidos en la región. Simultáneamente con ese período y en la postguerra fría, se pudo observar una actitud más comprometida por parte de la Comunidad Europea.

Pero la necesidad de que América Latina tuviera voz propia frente a la sociedad internacional, recién se hizo evidente en 1964, como consecuencia de la convocatoria por parte de las Naciones Unidas de la Conferencia de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra.

Con ese fin se crea la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), cuya primera reunión se celebra en Alta Gracia, Argentina, en 1964.

La CECLA es el primer organismo típicamente latinoamericano que fijaba la posición del área no sólo  frente a la UNCTAD sino también frente a los Estados Unidos (Consenso Latinoamericano de Viña del Mar, 1969) y la Comunidad Europea (Manifiesto de América Latina, 1970).

Por distintos motivos, la CECLA dejó de reunirse a partir de 1973. Su lugar sería ocupado por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), cuya sede se estableció en Caracas, Venezuela. Pero debe señalarse que la actividad principal del SELA se centró  en aspectos económicos y en la relación con organismos internacionales de integración y cooperación.

Se debe esperar hasta 1986, cuando se crea el Grupo de Río como organismo de concertación y cooperación de la región.

El primer antecedente del grupo de Río es la creación del Grupo de Contadora, creado en 1983 por Colombia, Panamá, México y Venezuela, que tenía como finalidad encontrar una solución pacífica a la crisis centroamericana, con referencia directa a Nicaragua.

Con ese mismo fin se crea en 1985, el Grupo de Apoyo a Contadora, compuesto por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. En distintas ocasiones se realizaron reuniones conjuntas de estos grupos que se conocían como el Grupo de los Ocho.

Una vez solucionado el conflicto centroamericano, a través de los acuerdos de los propios países del área, con los tratados de Esquipulas 1 y 2, las naciones integrantes del Grupo de los Ocho consideraron como muy positivos los encuentros realizados hasta ese entonces y conformaron el 18 de diciembre de 1986 en Río de Janeiro, el Grupo de Río.

El Grupo de Río está conformado por todos los países de América del Sur, un representante de los países centroamericanos y el país que ejerza la presidencia del CARICOM (Comunidad del Caribe).

El Grupo de Río realiza reuniones, cumbres anuales y se determinan los principales temas de la agenda de América Latina.

El Grupo de Río es interlocutor de la región frente a otros países o grupos de países. Con relación a Estados Unidos manifestó en distintas oportunidades su oposición a decisiones de ese país como también apoyo a las iniciativas del presidente Clinton  de crear una zona de libre comercio americana (ALCA).

Las relaciones más estrechas del Grupo de Río se establecen con la Comunidad Europea , con la cual se crea un sistema de reuniones anuales de consulta. Fruto de este acercamiento se concreta en la reunión de Río de Janeiro de 1995, la convocatoria de crear una zona de libre comercio entre la Comunidad Europea y el MERCOSUR.

Con referencia directa al tema de esta presentación, se hace necesario saber qué lugar ocupa América Latina dentro del diseño de la política exterior norteamericana a partir del segundo mandato del presidente Clinton.

Esta prioridad se puede determinar a través del mensaje del presidente Clinton con motivo de su informe sobre el estado de la Unión ante el Congreso norteamericano el 4 de febrero de 1997. La prioridad absoluta para este segundo mandato es establecer relaciones con la Europa indivisa y democrática. A continuación manifestó que si Estados Unidos debe mirar hacia el este no debe dejar de mirar también hacia el oeste (Asia).

Creo que el tercer lugar está ocupado por Asia y América Latina, vistas fundamentalmente desde el punto de vista del aumento de las exportaciones.

Luego de esta introducción me parece necesario conocer el pensamiento de algunos teóricos norteamericanos que pueden influir en las decisiones de política exterior de los Estados Unidos y detenernos en el análisis del narcotráfico, tema sobre el cual se observa un criterio dispar entre los Estados Unidos y América Latina.

1.    Los criterios teóricos que pueden influir en la política exterior norteamericana

En este sentido quisiéramos presentar el pensamiento de dos autores que pueden influir en determinaciones futuras de la política exterior norteamericana. En el ámbito de la política exterior, el profesor Samuel Huntington y  en el campo económico, el profesor John Williamson.

1.1.        Desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, el profesor Samuel Huntington, basado en los aspectos teóricos expresados por  Kuhn, establece que en la actualidad el “Paradigma de las civilizaciones” ha superado al paradigma de la guerra fría.

Huntington parte  de la  existencia de siete u ocho civilizaciones en el mundo, entre las cuales incluye: occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslavo-ortodoxa, latinoamericana y africana.

Basándose en Akbar, predice que la próxima amenaza para occidente provendrá definitivamente del mundo musulmán, un conjunto de naciones islámicas, desde el Magreb a Pakistán, donde la lucha por el nuevo orden comenzará.

Para  ello occidente debe establecer una mayor cooperación y unidad entre Estados Unidos y Europa. Incorporar a las civilizaciones cercanas como Europa Oriental y América Latina, limitar la expansión del poder militar de los estados confucionistas e islámicos, moderar la reducción de armamentos en los países occidentales, explotar las diferencias y conflictos entre países islámicos y confucionistas.

Estas son algunas ideas expresadas por Huntington en sus artículos en la revista norteamericana “Foreign Affairs” en 1993.

A partir de estos escritos dentro de la comunidad científica de todo el mundo, se criticó esta percepción de Huntington que, desde mi punto de vista, representa la búsqueda por parte de los Estados Unidos de un nuevo enemigo para este período de postguerra fría.

1.2.        Desde el punto de vista económico, no puede dejar de mencionarse un trabajo de John Williamson escrito en 1989, titulado “Latin America Adjustment. How Much Has Happened?”, donde se establecían determinadas pautas para América Latina. Luego estas ideas tuvieron influencia en la publicación del Banco Mundial sobre el desarrollo del mundo en cuyo primer capítulo se podrán detectar algunas de las recetas elaboradas por el mencionado autor (1991).

El documento de Williamson se conoció como el Consenso de Washington. Entre los aspectos más importantes de este documento se pueden mencionar: restaurar la disciplina fiscal, reducir el gasto público ineficiente; reforma tributaria: liberalización  comercial; reforzar la competencia del mercado a través de las privatizaciones de empresas de propiedad estatal; derechos de propiedad bien definidos y reducir  el tamaño del estado.

Resulta sorprendente que el mismo autor, en un seminario realizado en Washington en 1996, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo y financiado por el gobierno japonés haya cambiado sus reglas de oro de 1989.

Los aspectos más importantes elaborados por Williamson en 1996 y que podemos denominar como Convenio de Washington II, establece cambios significativos con relación al primer documento.

Con referencia a reducir el gasto del estado, ahora propone reorientar el gasto público hacia un gasto social bien definido. En lo concerniente a la liberalización de los mercados financieros establece que el estado debe asumir nuevas tareas fortaleciendo la liberalización financiera. En el aspecto de liberalización comercial en su documento de 1996 agrega que los estados  deben utilizar su poder de negociación internacional fomentando bloques comerciales regionales. En relación al derecho de propiedad llega a proponer ahora la reforma agraria. Con referencia a reducir el tamaño del estado agrega que pueden crearse instituciones estatales y mixtas. Y en cuanto a sus propuestas de privatización de empresas del estado, ahora expresa que reemplazar el monopolio público por uno privado, es como saltar de la sartén al fuego.

La conclusión que uno puede extraer de estas apreciaciones es que el autor niega en 1989 toda intervención estatal, dejando en manos del mercado todas las atribuciones y en 1996 asume que el estado tiene que establecer determinadas pautas de comportamiento del mercado.

Desde el punto de vista económico, los Estados Unidos, impulsan desde 1994 un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Así como en la guerra fría se establecía un sistema de seguridad colectivo para la región, en la actualidad la normativa establecida es un libre comercio entre todos los países del hemisferio occidental.

2.    Situación conflictiva relacionada con el narcotráfico

Un segundo tema sobre el cual me gustaría referirme es el atinente al problema del narcotráfico sobre el cual existen criterios dispares entre Estados Unidos y América  Latina.

El tema del narcotráfico en la agenda de la región, tomó un nuevo impulso a partir de la post guerra fría. Superada la etapa de la contención del comunismo, la droga pasó a ocupar un lugar destacado en las reuniones hemisféricas.

No es intención abordar en un trabajo de estas características, todos los factores que intervienen en el complejo tema del narcotráfico. Es por ello que nos hemos centrado en algunos aspectos en los cuales se muestran criterios dispares entre los países del hemisferio. Entre ellos se pueden mencionar: 1. Responsabilidad compartida; 2. Derecho de injerencia; 3. Intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y 4. La cuestión económico-social que se deriva de la sustitución de la producción de coca por otros cultivos.

2.1 Responsabilidad compartida

La  visión unidimensional que se diseñó desde los Estados Unidos para combatir el narcotráfico resultó improcedente y amplió la brecha de disidencias con América Latina.

Es por ello que se toma como punto de partida, para el estudio de este flagelo, la perspectiva de la responsabilidad compartida.

Este criterio latinoamericano ha sido reiterado en diversas ocasiones en las reuniones hemisféricas, tratando de que Estados Unidos comprenda que el esfuerzo que realza de presión sobre América Latina en contra de la producción, lo emplee a su vez en su territorio, donde se produce el mayor consumo.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos hace caer todo el peso de la responsabilidad en los países productores.

En cumplimiento de ese objetivo, Estados Unidos aplicó criterios a nivel multilateral y bilateral.

Desde el punto de vista multilateral a propuesta del presidente de Colombia, Virgilio Barco, se realizó en febrero de 1990, una reunión cumbre en Cartagena de Indias, Colombia, con las presencias del presidente de los Estados Unidos Georges Bush, de Bolivia, Jaime Paz Zamora, de Colombia, Virgilio Barco y del Perú, Alan García.

En esta reunión se estableció el compromiso de reducir el consumo y la oferta de estupefacientes. La declaración suscrita prescribe claramente el esfuerzo de los países andinos por frenar  el flujo de narcóticos hacia el exterior que debe ir acompañado de una firme ofensiva del gobierno norteamericano para reducir al máximo posible la dimensión de su mercado consumidor.

El presidente Bush se comprometió a solicitar al Congreso de su país, un incremento sustancial de ayuda económica para Bolivia, Colombia y Perú, a fin de apoyar los desarrollos agrícolas sustitutivos que permitan eliminar el cultivo de la coca “sin costos sociales excesivos”.

Estados Unidos se comprometió asimismo a no enviar fuerzas militares a la región del Caribe, lo cual era su intención para bloquear los puertos de salida de las drogas.

2.2. Derecho de injerencia

El segundo aspecto está relacionado con el derecho de injerencia.

Desde el punto de vista bilateral se puede detectar el enfrentamiento casi cotidiano entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

No es intención de este trabajo, realizar una reseña de las actividades desarrolladas por Estados Unidos en América Latina, pero no pueden dejar de mencionarse el envío de tropas a Bolivia durante la administración Reagan y la intervención unilateral de la Administración Bush en Panamá en 1989 para detener al General Manuel Noriega y juzgarlo en Miami.

Además de las mencionadas, se pueden citar otras actividades de los Estados Unidos en la región.

Un caso líder fue el ocurrido en México en 1990, cuando fue secuestrado el doctor Humberto Álvarez Machaín, llevado y juzgado en Estados Unidos.

Humberto Álvarez Machaín presuntamente participó en 1985 conjuntamente con 19 narcotraficantes en el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar, un agente de la agencia norteamericana anti narcotráficos DEA (Drug Enforcement  Administration).

El cadáver de Camarena Salazar fue encontrado varios meses después de su desaparición, enterrado junto a Alfredo Zavala Avelar, un piloto mexicano contratado por la DEA.

En 1889, un grupo de desconocidos interrumpió en el consultorio del ginecólogo Machaín, en Guadalajara y lo sacó del lugar por la fuerza. Fue trasladado en avión hasta El Paso y luego a California.

La reacción de la DEA se debió a que Álvarez Machaín, fue el encargado de medicar a Camarena Salazar para mantenerlo vivo mientras se lo torturaba.

Jueces de primera y segunda instancia habían fallado que Machaín debía devolverse a México, y luego  solicitar la extradición como estaba contemplado en el tratado firmado entre Estados Unidos y ese país.

Sin embargo, el 15 de junio de 1992, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, decidió que el secuestro del ciudadano norteamericano en México y su posterior traslado a los Estados Unidos había sido un procedimiento legítimo.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, compuesta de nueve miembros, bajo la presidencia de William Rehnquist, logró el fallo con seis votos a favor y tres en contra.

Los tres jueces, John Paul Stevens, Harry Blackmun y Sanda Day O´Connor, calificaron el fallo como una decisión monstruosa.

El 22 de junio de 1992 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, aprueba por segunda vez la captura en territorio mexicano de un ciudadano de ese país para ser procesado en los Estados Unidos.

El segundo caso se refiere a René Verdugo Urquidez, convicto por el asesinato de un agente de la DEA. Verdugo Urquidez, fue detenido por la policía mexicana, cerca de San Felipe en 1986 y se lo condujo a la frontera con los Estados Unidos, donde lo entregaron a los agentes federales a través de una apertura en la verja fronteriza y sin el consentimiento del gobierno mexicano.

Desde el punto de vista jurídico Tom Farer, manifestó que el fallo fue errado y que carecía de sustancia el argumento de que el secuestro no estaba estrictamente prohibido por el Tratado de Extradición bilateral.

El periódico The New York Times, en su editorial del 18 de junio de 1992, calificó de asombrosa la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

El mismo director de la DEA, Robert C. Bonner, reconoció que en ese caso hubo un exceso  por parte de agentes de ese departamento.

El secuestro de Humberto Álvarez Machaín provocó en principio una airada protesta de México, que se moderó casi de inmediato, cuando Estados Unidos, amenazó con suspender la cooperación en la lucha anti drogas. Es por ello que México presentó al gobierno de Estados Unidos una protesta formal y una aclaración en el sentido de que la colaboración en la batalla contra el narcotráfico no tiene que convertirse en una carta de presión.

Con posterioridad existió un compromiso por parte del presidente Bush de no secuestrar persona en México. El embajador de Estados Unidos en ese país, John Negroponte, aclaró que se trataba de una concesión exclusiva para México.

Dentro de esta línea de rechazo al derecho de injerencia proclamado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y avalada por otros poderes de ese país, se pueden mencionar entre otros, las declaraciones de la II Reunión Cumbre del MERCOSUR, celebrada en Las Leñas, Argentina el 26 de junio de 1992 y las de la VI Reunión del Grupo de Río realizada en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1992.

En los documentos mencionados se critica el carácter extraterritorial empleado por los Estados Unidos como incompatible con el Derecho Internacional y atentatorio de la soberanía de los estados.

Una incidencia mayor de intervención de Estados Unidos se produce en Colombia.

Dentro de la Política Exterior norteamericana actual, el gobierno de Colombia es percibido como el principal responsable en la relación con narcotraficantes. En julio de 1992, aviones y helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron territorio colombiano para dar con paradero del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien junto con nueve narcotraficantes se fugaron de la cárcel de Envigado.

El gobierno colombiano afirmó que se trataba de una operación conjunta entre fuerzas de los dos países. La oposición en el Congreso Nacional quería enjuiciar al presidente, César Gaviría Trujillo, por permitir el ingreso de tropas extranjeras en Colombia, siete días después de producida la fuga de Escobar.

Durante la presidencia de César Gaviría, el gobierno de Estados Unidos, criticó la política antinarcóticos de ese país y fijó condiciones para la lucha contra las drogas para el año 1995. Colombia advirtió a los Estados Unidos que no estaba dispuesta a aceptar imposiciones en la lucha contra la droga.

La situación bilateral entre Estados Unidos y Colombia se complicó aún más a partir de la presidencia de Ernesto Samper.

Tres días después de las elecciones presidenciales por las cuales llegó al poder Ernesto Samper, el 22 de junio de 1994, se conoció a través de los medios de comunicación cintas grabadas en las cuales se establece que el Cartel de Cali había financiado las compañas presidenciales del candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana y del Partido Liberal, Ernesto Samper.

El presidente de Colombia, Ernesto Samper, admitió que el Cartel de Cali ofreció a su campaña 3.600 millones de dólares, pero negó enfáticamente que el dinero hubiera sido aceptado.

El1 de octubre de 1994 se informó que la investigación realizada por la Procuraduría General no encontró evidencias de este aporte financiero y no se presentaron cargos contra el presidente de la Nación, Ernesto Samper.

Otra investigación judicial sobre esta denuncia, se llevó a cabo en el Congreso Nacional, que después de juzgar al presidente la Nación, lo absolvió en 1996. Paralelamente Estados Unidos actuaba de acuerdo a otros parámetros formales.

El Congreso de Estados Unidos evalúa anualmente a los países en los cuales se produce o trafica drogas. Luego se expide un certificado sobre la evaluación de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico que realiza el Departamento de Estado. Este certificado tiene una importancia fundamental ya que determina la ayuda militar y económica de los Estados Unidos a esos países.

La certificación fue cancelada a Colombia para el año 1996 y el presidente de Colombia no puede obtener visa para entrar en los Estados Unidos.

En relación a la quita de la visa al presidente de Colombia, en una conferencia de prensa realizada en Cochabamba al culminar la X Cumbre del Grupo de Río, el 4 de septiembre de 1996, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó expuesta la preocupación por este hecho. Ampliando este criterio expresó que lo ocurrido al presidente Samper preocupa, porque, si bien Estados Unidos tiene derecho a decidir quien visita su país, en este caso particular, está involucrado un mandatario en ejercicio.

Para ampliar el tema, las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y Colombia, es interesante agregar la opinión del jefe de la oficina de la DEA, en Bogotá, Joe Tolf, quien hizo un inventario de su actuación en el país al despedirse de sus funciones luego de seis años en el cargo, el 30 de septiembre de 1994.

Tolf cuestionó al presidente, César Gaviría, actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos, por presunta indulgencia hacia el acribillado jefe del cartel de la cocaína de Medellín cuando este estuvo en la prisión. Señaló que Gaviría estuvo bien enterado de que Pablo Escobar estaba traficando y ordenando asesinatos desde su celda, pero que no hizo nada al respecto.

Tolf declaró que su información de inteligencia no le dejaba duda alguna de que los jefes del tráfico de cocaína contribuyeron con fuertes sumas a la campaña electoral de Samper y acusó a políticos locales de carecer de voluntad para combatir a los jefes de la droga. Calificó a Colombia como una narcodemocracia y señaló que este término no les agrada a los colombianos, pero es real.

Tolf mencionó que todas las instituciones de Colombia, judiciales o políticas, que él conocía, estaban influenciadas por los narcotraficantes.

Luego de estas declaraciones, el gobierno colombiano, demandó una explicación inmediata por parte del embajador norteamericano en Bogotá, Myles Frechette. El embajador norteamericano expresó que Tolf  no trabajaba más para el gobierno norteamericano y que lamentaba los ataques personales a Colombia, tras seis años y medio de servicios en ese país.

En los últimos meses de 1996, el presidente Clinton, autorizó al Pentágono a aumentar la asistencia anti narcóticos al ejército colombiano con el envío de helicópteros y equipos de comunicaciones, por un valor de varios millones de dólares.

Este cambio de política por parte de Estados Unidos, resulta extraño, según el Ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, ya que por un lado Estados Unidos nos descertifica, por el otro ha intensificado su cooperación con el país.

En la actualidad la ola de asaltos y terrorismo lleva a Comellas a pensar que el narcoterrorismo tiene como finalidad el asalto al poder.

Lo real es que existe una importante ayuda norteamericana destinada a la policía y en mayor medida a las fuerza armadas de los países latinoamericanos.

2.3. Participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico

El tercer aspecto a tener en cuenta dentro de este contexto es qué papel le corresponde a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos.

La participación militar en la lucha contra el narcotráfico es una cuestión que divide las opiniones entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

Estos criterios dispares se hicieron evidentes en la XX Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), realizada en Brasilia el 8 y 9 de septiembre de 1993.

En este sentido, el general Wesley Clark, comandante de las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá, expresó que se estudia como las fuerzas armadas de la región pueden apoyar las operaciones antinarcóticos. En algunos países, según el general Clark, se ha detectado movimientos narcoguerilleros que hacen necesario que el ejército responda con presencia de combate. Agrega que las fuerzas armadas de Colombia, han asumido un papel activo en la lucha contra el narcotráfico.

La presencia militar en este terreno, es considerada por Pérez Llana, como ingenuidad ya que no logrará cumplir con los objetivos de combatir a los narcotraficantes.

De igual manera, la acción llevada cabo por los grupos guerrilleros en Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), parecieran apuntar directa o indirectamente en el negocio del narcotráfico, obteniendo ganancias de 365 millos de dólares anuales.

Según la misma fuente la ofensiva insurgente se produjo tras una huelga de cultivadores de coca realizada en agosto de 1996, que se convirtió rápidamente en una rebelión abierta contra el programa de erradicación de cultivos de coca iniciados  por el gobierno. Se cree que los grupos guerilleros en especial las FARC contribuyeron a financiar la huelga referida.

Para Estados Unidos, el narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional y por ello convocó a dos reuniones de Ministros de Defensa del hemisferio cuyo tema central estaba referido al narcotráfico. La primera reunión se realizó en Williamburg, Estados Unidos, en junio de 1995 y la segunda en Bariloche, Argentina, en 1996.

En la reunión de Bariloche, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, “sondeó” a los ministros de defensa del hemisferio, acerca de la posibilidad de montar un control aéreo regional, a cargo de ese país que tendría la responsabilidad de detectar los desplazamientos de los traficantes de toda América Latina.

Esta iniciativa no encontró respaldo en la región y el representante de Estados Unidos no insistió sobre el tema.

Los motivos por los cuales, Estados Unidos mostró un bajo perfil en esta segunda reunión, deben buscarse, según aprecia Pérez Llana, en la proximidad de las elecciones norteamericanas, tratando de no abrir frentes conflictivos.

En las conclusiones elaboradas al término de esta II Reunión, se expresó que el tráfico de drogas es una de las amenazas a la seguridad continental, pero los delegados dejaron aclarado que no todas las amenazas deben ser enfrentadas o desactivadas desde una perspectiva necesariamente militar.

2.4. Sustitución de plantaciones de coca por otros cultivos

El cuarto aspecto en el cual hace hincapié América Latina está relacionado con la cuestión económica y social.

En la X Reunión Cumbre de Río celebrada en Cochabamba en 1996 se expresó que una estrategia integral en la lucha contra las drogas debe incluir los aspectos sociales y económicos del fenómeno, para lo cual es indispensable dirigir esfuerzos hacia programas de desarrollo alternativo, social y regional, diseñados para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas afectadas.

Si bien el tema del narcotráfico tiene distintos actores no puede dejar de mencionarse las responsabilidades que le corresponden a Estados Unidos.

Con relación al tema y de acuerdo a lo expuesto, el narcotráfico fue invocado por Estados Unidos, para presionar a los países de América Latina, imponiendo condiciones con una política restrictiva que no es simétrica con los esfuerzos que debería hacer ese país para combatir el consumo de la droga en su territorio.

En el caso de Colombia, Comellas, aprecia que la situación actual, tuvo su inicio en la década del setenta como consecuencia de la política económica de los Estados Unidos, cuando el café, uno de los principales productos exportables de Colombia, sufrió la nivelación de precios por parte de Washington. El resultado inmediato fue que el precio del café colombiano se desplomó velozmente hasta un 40%. Desde entonces, grandes sectores dedicados al cultivo del café se volcaron a la hoja de coca, para abastecer la demanda norteamericana de estupefacientes.

Pérez Llana hace hincapié también en las responsabilidades que le corresponde a los Estados Unidos.

A partir de la administración Reagan el tema de la droga se convierte en prioritario. A pesar de los esfuerzos realizados, las últimas estadísticas determinan que el consumo se viene incrementando. Los productos químicos utilizados para procesar la droga, generalmente provienen de los países desarrollados y el lavado de dinero, negocio sin duda fabuloso, se realiza en bancos que en mayor parte tienen su sede en los Estados Unidos.

Pérez Llana destaca por otra parte, la actitud dispar de los Estados Unidos con relación a Colombia y México. En este último país, el “Cartel del Golfo” ha alcanzado un peso inconmensurable. Un banco radicado en México cerca de la frontera y de escasa importancia cotiza al valor de un banco de Manhattan. La heroína constituye su principal fuente de ingresos, que tiene una ventaja comparativa privilegiada, al estar geográficamente cerca del mercado de consumo norteamericano. Por otro lado el discurso oficial de Estados Unidos ataca Colombia, país que ahora está envuelto en una verdadera crisis de gobernabilidad, que en parte se explica por el acoso sufrido por el presidente Samper, independientemente de las responsabilidades que a él le pudieran caber.

Se puede concluir que aún no están claros los medios empleados en América Latina para combatir el narcotráfico.

La responsabilidad compartida no parece ser aceptada por Estados Unidos. Se puede hablar de un doble standard. La actividad desplegada y la dureza en los procedimientos usados en América Latina no se corresponden con las acciones dentro del mismo país.

Es por ello que América Latina cuestiona la intervención en los asuntos internos y los procedimientos militares para la solución de todos los problemas derivados del narcotráfico.

Es por ello que insiste en tener una política coordinada entre los países de América Latina y Estados Unidos, bajo la responsabilidad compartida.

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a lo expresado se puede concluir que no se pueden visualizar grandes cambios dentro de la Política Exterior norteamericana en su relación con América Latina.

Las características principales en la personalidad del presidente norteamericano que se han podido observar hasta el presente, son de un estilo pragmático de conducción y no ideológico. Esto determina que las decisiones sean tomadas sobre la marcha en base a los acontecimientos internacionales.

Desde el punto de vista económico, la aspiración del presidente Clinton es crear una zona de libre comercio para todo el hemisferio. En este aspecto no todos coinciden en América Latina de que una superpotencia pueda compartir espacios con países con un desarrollo tan dispar. Se habla de un nuevo panamericanismo económico, donde las variables se manejan en el área de los resultados y eficiencias.

Las directivas que se han seguido desde el norte a través del Consenso de Washington han dejado graves deficiencias en el campo de la justicia social que no serán fáciles de recomponer.

Lo que aspira es que América Latina pueda diseñar criterios propios para la región de acuerdo a las necesidades más urgentes de superar la pobreza y las injusticias sociales.

El mismo Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) expresó en su informe anual de 1993 que aunque se ha logrado mucho con respecto a la reactivación de la economía y la estabilidad económica, los índices de pobreza siguen siendo adversos y la distribución regional de los ingresos en América Latina es todavía la más desigual del mundo.

 "Cuadernos Solidaridad y Paz" Izquierda Unida. Madrid,octubre 1997. Nº 2