La Justicia imputó a Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias
Está sospechado de contar con una red de informantes sobre sus causas judiciales. Podría pasar hasta 10 años de cárcel.
A un paso del juicio. Sarkozy sale de su casa de París rumbo a su oficina. Quedó en libertad a disposición judicial.
Sarkozy, de 59 años, fue imputado por esos delitos en
la madrugada de ayer tras un interrogatorio de 15 horas —inédito para
un ex jefe de Estado— en la sede de la Oficina Central de Lucha Contra
la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales de Nanterre,
cerca de París. El ex presidente (2007-2012) fue llevado luego a
tribunales para presentarse ante los jueces y enterarse de su
imputación, antes de dejar el lugar sin ser visto, en horas de la
madrugada. En la misma causa, fueron inculpadas otras dos personas: el
abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y un magistrado del tribunal de
casación, Gilbert Azibert.
Los magistrados del caso —que deberán decidir ahora
si hay méritos para iniciarle un juicio— sospechan que el ex presidente
contaba con "una red de informantes" en el seno de la policía y la
Justicia que lo advertía sobre el curso de la media docena de
investigaciones judiciales en su contra. "La situación es
suficientemente grave para que les diga a los franceses la realidad de
la instrumentalización política que existe hoy de una parte de la
Justicia. Claramente intentan destruirme y humillarme", dijo anoche
Sarkozy en el noticiero más visto de Francia, el del canal privado TF1.
"Nunca traicioné la confianza de los franceses ni cometí un acto
contrario a los principios republicanos. Estoy sorprendido por esta
situación. No pretendo ningún privilegio, y si cometí una falta asumiré
las consecuencias. No soy un hombre que huya de sus responsabilidades",
remarcó el mandatario, que en septiembre dirá si presenta su candidatura
presidencial para 2017.
Los jueces de instrucción investigan si el ex
presidente trató de obtener del también inculpado juez Gilbert Azibert
informaciones cubiertas por el secreto de instrucción sobre una decisión
de Justicia que lo concernía, a cambio de una promesa de intervención
para que el juez obtuviera un cargo prestigioso en Mónaco. Este caso
tiene su origen en la puesta bajo escucha de Sarkozy en septiembre de
2013 en el marco de una investigación sobre las acusaciones de una
financiación por parte de la Libia de Muamar Kadafi de su campaña para
la presidencial de 2007, al cabo de la cual fue elegido jefe de Estado. A
raíz de la misma investigación, varios de sus allegados fueron puestos
también bajo escucha: los ex ministros Claude Guéant y Brice Hortefeux y
el ex jefe policial Michel Gaudin.
Bajo escucha. Los jueces decidieron
entonces poner bajo escucha también a Sarkozy, una medida sin
precedentes en Francia, y en particular el celular que utilizaba con el
seudónimo de Paul Bismuth para hablar con su abogado Herzog. Las
conversaciones entre ambos permitían creer que trataron de obtener
informes confidenciales del juez Azibert. Además de los casos sobre la
financiación libia y el tráfico de influencias, la Justicia investiga la
financiación de su campaña de 2012. En ésta, se sospecha que muchos
gastos fueron financiados por su partido Unión por un Movimiento Popular
(UMP) para ocultar que el candidato sobrepasaba el tope autorizado por
la ley. Sarkozy ya había sido procesado en 2013 en el "caso
Bettencourt", acusado de abusar de la senilidad de la millonaria Liliane
Bettencourt, dueña de L`Oréal, para obtener dinero para su campaña,
pero poco después la causa no prosperó y el político fue absuelto.
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| Diario "Crítica de la Argentina". Buenos Aires, 5 de julio de 2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Diario "La Nación". Buenos Aires, 13 de febrero de 2008.
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