Diario "Clarín". Buenos Aires, 22 de setiembre de 2014.
El Ejército de Brasil admite por primera vez que torturó y mató
Giro en la posición de los militares sobre los “años de plomo”Fue ante la comisión estatal que investiga desapariciones de disidentes bajo la dictadura.
- Eleonora Gosman
Por primera vez en la historia de la
democracia brasileña, las Fuerzas Armadas de Brasil abandonaron su
postura de negar que existieran torturas y asesinatos durante los
llamados “años de plomo”. En una declaración a la Comisión Nacional de
la Verdad (CNV) que investiga las desapariciones ocurridas especialmente
en la dictadura militar, el Ministerio de Defensa ratificó la “responsabilidad del Estado”
en la muerte y desaparición de personas “durante el régimen militar”,
como lo estableció la ley de creación de la Comisión de Muertos y
Desaparecidos Políticos, que determinó la indemnización de familiares de
las víctimas.
Encabezado por el ministro Celso Amorim, el pronunciamiento de la cartera de Defensa sostiene el “reconocimiento” de la existencia de “lamentables violaciones a los derechos humanos”. E incluye en esa declaración la postura oficial del Ejército, la Aeronáutica y la Marina. Mientras los dos primeros organismos del Estado sostienen que “no disponen de elementos para contestar (ndr: negar)...el reconocimiento de la responsabilidad del Estado brasileño” en los delitos de asesinato y tortura de víctimas políticas, la Marina optó en cambio por señalar que “no hay indicios que permitan confirmar o negar” las informaciones presentadas por la CNV. El nuevo posicionamiento, aun cuando deletéreo, sobrevino luego de que la Comisión exigiera, el 13 de agosto último, una definición a los militares que habían negado previamente el uso de las dependencias de las fuerzas armadas con el objetivo de torturar militantes políticos, de asesinarlos y hacerlos desaparecer.
Ocurre que, si bien esta vez las tres fuerzas no negaron la existencia de esos delitos, tampoco los reconocieron taxativamente. Según el profesor José Carlos Moreira Filho, miembro de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, hay una distancia entre “no negar” y “reconocer”. En precisiones ofrecidas al diario O Globo, Moreira sostuvo que los militares brasileños “asumen una posición agnóstica en cuanto a la tortura que equivale, en la práctica, a una negativa delante de la miles de denuncias y relatos de tortura. Entiendo que como mínimo, ellos deberían reconocer y ratificar el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de Amnistía, en vez de colocarlos en duda al decir que no tienen como probar ni tampoco dejar de probar”. La Comisión de la Verdad del Estado de San Pablo también puso entre paréntesis las afirmaciones de los jefes de la Aeronáutica, del Ejército y de la Marina: “No es nuevo que ellos digan que no pueden negar ni afirmar; ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Sin embargo, fueron algunos militares torturadores quienes admitieron haber practicado delitos atroces. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de diferenciarse de los torturadores y así limpiar su pasado”.
Con todo, tanto en la CNV como en otras comisiones que ayudan a investigar las desapariciones forzada, entienden que ha sido un paso “positivo” el pronunciamiento del Ministerio de Defensa, aun cuando los comandantes de los tres cuerpos hayan “titubeado”. Hasta ahora, esa cartera militar no se había manifestado de forma tan abierta con respecto a las prácticas aberrantes cometidas contra las personas durante la última dictadura, que se extendió desde 1964 a 1985.
Encabezado por el ministro Celso Amorim, el pronunciamiento de la cartera de Defensa sostiene el “reconocimiento” de la existencia de “lamentables violaciones a los derechos humanos”. E incluye en esa declaración la postura oficial del Ejército, la Aeronáutica y la Marina. Mientras los dos primeros organismos del Estado sostienen que “no disponen de elementos para contestar (ndr: negar)...el reconocimiento de la responsabilidad del Estado brasileño” en los delitos de asesinato y tortura de víctimas políticas, la Marina optó en cambio por señalar que “no hay indicios que permitan confirmar o negar” las informaciones presentadas por la CNV. El nuevo posicionamiento, aun cuando deletéreo, sobrevino luego de que la Comisión exigiera, el 13 de agosto último, una definición a los militares que habían negado previamente el uso de las dependencias de las fuerzas armadas con el objetivo de torturar militantes políticos, de asesinarlos y hacerlos desaparecer.
Ocurre que, si bien esta vez las tres fuerzas no negaron la existencia de esos delitos, tampoco los reconocieron taxativamente. Según el profesor José Carlos Moreira Filho, miembro de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, hay una distancia entre “no negar” y “reconocer”. En precisiones ofrecidas al diario O Globo, Moreira sostuvo que los militares brasileños “asumen una posición agnóstica en cuanto a la tortura que equivale, en la práctica, a una negativa delante de la miles de denuncias y relatos de tortura. Entiendo que como mínimo, ellos deberían reconocer y ratificar el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de Amnistía, en vez de colocarlos en duda al decir que no tienen como probar ni tampoco dejar de probar”. La Comisión de la Verdad del Estado de San Pablo también puso entre paréntesis las afirmaciones de los jefes de la Aeronáutica, del Ejército y de la Marina: “No es nuevo que ellos digan que no pueden negar ni afirmar; ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Sin embargo, fueron algunos militares torturadores quienes admitieron haber practicado delitos atroces. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de diferenciarse de los torturadores y así limpiar su pasado”.
Con todo, tanto en la CNV como en otras comisiones que ayudan a investigar las desapariciones forzada, entienden que ha sido un paso “positivo” el pronunciamiento del Ministerio de Defensa, aun cuando los comandantes de los tres cuerpos hayan “titubeado”. Hasta ahora, esa cartera militar no se había manifestado de forma tan abierta con respecto a las prácticas aberrantes cometidas contra las personas durante la última dictadura, que se extendió desde 1964 a 1985.
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